Para el especialista en conflictos sociales, Carlos Alza*, el estallido de los conflictos en las universidades destapa los problemas en la demanda académica, en el control de la calidad educativa, y en las políticas universitarias vigentes. En esta entrevista, Alza asegura también que sin criterios técnicos no se puede seguir creando universidades porque, como bien dice, “con la educación no se juega”.

¿Cómo vinculas los conflictos sociales con la democracia en el Perú?

No debemos tener una mirada negativa sobre los conflictos sociales. Estos son naturales a toda comunidad política y de hecho constituyen una oportunidad para identificar problemas y solucionarlos. Lo que mina la gobernabilidad es la falta de mecanismos institucionalizados para la resolución de dichos conflictos. Éste es el gran problema, junto a la falta de capacidades estatales y de políticas públicas que atiendan las demandas sociales, o que logren resultados valiosos para los ciudadanos.

Ante el actual caos del sistema universitario peruano, consideramos a las nuevas universidades públicas como potenciales “bombas de tiempo” que causarían conflictos sociales en el corto plazo, como ocurrió hace unos meses en Tayacaja, Huancavelica. ¿Cuál es su opinión?

El Estado a veces actúa de manera ausente (como la falta de postas de salud o de escuelas). En otros casos tenemos un Estado advertido por el ciudadano como un enemigo, porque decide en contra de éste y de sus derechos. En otros casos, el Estado es desordenado, y desarticulado. Por ello no cumple resultados (el caso de la universidad pública es representativo).

Los conflictos nos muestran por lo menos estos tipos de Estado. Los conflictos en universidades públicas nos permiten identificar que hay problemas de demanda, de diseño de la política universitaria, problemas de nudos administrativos, de falta de control de calidad de la educación superior, pero también de los canales existentes para reclamar, porque o no existen o no son efectivos. Entonces, ¿qué esperamos para cambiarlos?

El  Presidente Humala ha observado la Ley de Creación de la Universidad Nacional de Chincha, y declaró la moratoria en la creación de nuevas universidades públicas hasta la aprobación de una nueva ley universitaria que regule el sistema. ¿Cómo gestionar las expectativas de la población para acceder a la educación universitaria ante las decisiones políticas que priorizan su calidad y necesidad pública?

La creación de universidades públicas - sin recursos, profesores o tecnología - no deja de ser una medida populista. Permite ganar legitimidad a congresistas y políticos que la proponen o aprueban. Pero la gran pregunta es si esa es la solución. Por ejemplo, ¿cuál es el análisis previo que justifica la creación de una nueva universidad? Sospecho que una Ley Universitaria no solucionará en sí mismo el problema, porque la ley solo fijará criterios, y la decisión de crear universidades seguirá siendo un tema antes que político, técnico.

Vivimos en un mundo donde, cada vez más, las políticas públicas educativas se basan en estudios técnicos y discusiones amplias que muestren argumentos válidos para la toma de decisiones.

No se puede seguir creando universidades si luego la calidad será tan baja que simplemente ni los profesionales serán competitivos, ni aportarán al desarrollo. Con la educación no se juega. Estamos hablando del instrumento más valioso para la construcción de capital social y de ciudadanía. Se trata de nuestra capacidad como país para construir nuestro presente y futuro.

¿Cuál podría ser el rol de los jóvenes universitarios en la resolución de los conflictos sociales en el Perú?, ¿únicamente son víctimas o cuál podría ser la perspectiva para trabajar con ellos?

Los estudiantes universitarios no son sólo beneficiarios del sistema, sino ciudadanos y, como tales, responsables también de la solución de los conflictos que surgen en el seno de sus universidades. Esto implica que deben lograr capacidades para la comprensión técnica de las decisiones que mejorarán la educación superior, y para comprender también que todo conflicto requiere una negociación, con el compromiso de cumplir democráticamente con lo acordado.